Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia

La definición que hace el artículo 2.2 de la Ley 39 /2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia, se refiere al estado de carácter permanente en el que se encuentran personas que precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, otros apoyos para su autonomía personal. Esa dependencia puede estar producida por la edad, la enfermedad o la discapacidad y ligada a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial.

Esta Ley marcó un punto de inflexión en el universo del cuidado institucional, en la medida en que el viejo modelo contributivo y asistencial, orientado a las personas con carencia de recursos, da paso a formas de acción universalistas dirigidas en el terreno del derecho social a la autonomía de las personas y a apoyar las situaciones de dependencia. Se reconoce por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico el derecho social de las personas dependientes a ser atendidas, sin distinción de clase social, edad, sexo, étnica, etc. por los poderes públicos; una apuesta política que sitúa a España en una línea de partida similar a la de otros regímenes de bienestar europeos, porque el cuidado de menores, mayores y personas dependientes no es una excepción que se da cuando no hay familia o amigos que puedan asumirlo, sino que es un derecho social que tiene y debe ser respaldado por un marco legal y un sistema que lo soporte.

Como puntos fuertes de esta política social destaco, en primer lugar,  la consideración del cuidado como responsabilidad pública, pues La política social de atención a la dependencia surgida con la promulgación de la Ley de dependencia permite superar el modelo cuyas acciones de protección daban cuenta de la asistencia social entendida como aquellas actividades administrativas encaminadas a auxiliar, con cargo a fondos públicos, a aquellas personas que no se encuentran en condiciones de satisfacer sus necesidades, incluso las más básicas para el desarrollo de una vida cotidiana autónoma.

Igualmente, la Ley de dependencia reconoce el derecho subjetivo, no sujeto a otra condición que la de ciudadano, reclamable ante los tribunales y exigible ante la administración pública responsable. Un amparo de la Ley que obliga a enfocar la política social de una forma diferente al periodo anterior.

Otro punto fuerte es el enfoque comunitario del cuidado derivado de la implementación actual del sistema, ya que antes de la Ley de dependencia, la institucionalización o el internamiento fue la respuesta mayoritaria de las sociedades para la atención de aquellos que se encontraban en situaciones determinadas de vulnerabilidad; instituciones, como hospicios, hospitales, orfanatos o asilos, encerraban entre sus paredes a personas enfermas, pobres, huérfanos, ancianos desahuciados e inútiles. Con el tiempo se impone la concepción comunitaria de entender los cuidados y las atenciones a las personas.

El enfoque comunitario del cuidado se arraiga en las costumbres culturales de la comunidad y consiste en que la persona mayor, con discapacidad y/o en situación de dependencia permanezca el mayor tiempo posible en su propio domicilio y/o en su entorno habitual, promoviendo para ello toda una serie de servicios y apoyos (a las personas y a las familias) que se prestan en el ámbito de la comunidad: servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día, tratamientos ambulatorios, etc., pero también medidas de conciliación y otros recursos dirigidos a las familias, que son aquellas que soportan el peso principal de los cuidados.

Sin embargo, uno de los principales problemas, es que la Ley de Dependencia, presentada como el cuarto pilar del estado de bienestar, no ha logrado alcanzar las expectativas generadas ya que las medidas que aporta en torno al cuidado no garantiza el derecho de todas las personas a recibir las atenciones que precisen en condiciones dignas, y refuerza la continuidad de gestión de los cuidados a las mujeres. Evidentemente, el reconocimiento del trabajo de cuidados que las mujeres realizan tiene un importante valor simbólico pero si este reconocimiento no va acompa­ñado de medidas concretas, encaminadas a poner fin a las desigualdades existentes por cuestiones de género, no tendrá ninguna capacidad transformadora.

Es incuestionable la necesidad de regular y afrontar la gestión del cuidado, pero esto debe hacerse desde la corresponsabilidad de todas las personas con la consecuente impli­cación de las Administraciones Públicas. No podemos obviar que el cuidado a personas de­pendientes es una responsabilidad social prioritaria que debe ser asumida de forma justa, equitativa y no discriminatoria. ­

EXCLUSIÓN SOCIAL

Actualmente, son muchos los que relacionan el estar en una situación de exclusión social con la falta de recursos económicos, y aunque este sea uno de los motivos más comunes en la exclusión social, no siempre es el elemento determinante que ha generado o genera la desvinculación social.

Cuando comenzó a utilizarse en los años 70, en Francia, el término “exclusión social”, estaba asociado, sobre todo, al concepto de desempleo y a la inestabilidad de los vínculos sociales, pero las sociedades contemporáneas están sometidas a continuos cambios, y como consecuencia de esto, se han ido haciendo más complejas, menos ordenadas y estructuradas socialmente.

Por eso, actualmente, la exclusión social no se puede explicar con arreglo a una única causa o factor, sino que se define por una acumulación de factores o déficits que se interrelacionan y retroalimentan entre sí.

El concepto actual de “exclusión social” hace referencia a los siguientes ámbitos:

-          Ámbito económico

-          Ámbito laboral

-          Ámbito formativo

-          Ámbito sociosanitario

-          Ámbito residencial

-          Ámbito relacional

-          Ámbito de la ciudadanía y la participación.

Teniendo esto en cuenta, se puede definir la exclusión social como una situación concreta fruto de un proceso dinámico de acumulación, superposición y/o combinación de diversos factores de desventaja o vulnerabilidad social que pueden afectar a personas o grupos, generando una situación de imposibilidad o dificultad intensa de acceder a los mecanismos de desarrollo personal, de inserción sociocomunitaria y a los sistemas preestablecidos de protección social.

Es decir, hay personas que viven en unas condiciones de vida materiales y psíquicas que les impiden sentirse y desarrollarse plenamente como seres humanos. La exclusión hace difícil sentirse ciudadano en su proyección concreta en cada contexto social, sentirse formando parte de la sociedad de referencia.

En la sociedad actual, de alguna forma, para determinados segmentos de la clase trabajadora, es más fácil, ahora que antes, escalar en la pirámide de posiciones sociales, o cambiar en pocos años situaciones de carencia o falta de recursos económicos que se habían prolongado por generaciones.

Pero también es cierto lo contrario, es decir, personas o grupos sociales que tradicionalmente habían gozado de buenas condiciones de vida, o que por estudios y puesto de trabajo se sentían muy seguros en su posición, vean ahora las sensaciones de incertidumbre, de vulnerabilidad, o entren en situaciones de exclusión y falta de recursos para sobrevivir dignamente. A su vez, esas nuevas incertidumbres y dinámicas de exclusión se abren todavía más en relación al alargamiento de los ciclos vitales, y las situaciones de dependencia que se generan en edades avanzadas. Asimismo, también surgen de los grandes movimientos migratorios que afectan a muchísimos países y que generan situaciones de precariedad en las condiciones de ciudadanía más allá de las concretas condiciones de formación o incluso de recursos económicos de que se disponga.

Como he mencionado anteriormente, no toda exclusión social deriva de la falta de recursos económicos, aunque siga siendo cierto que toda persona que sufra una situación de pobreza presenta muchas más posibilidades de caer en una espiral de desconexiones y déficits de ciudadanía que una persona cuya situación económica sea desahogada. En este sentido, el término exclusión social resulta útil para expresar un conjunto pluriforme de situaciones de carencia económica, relacional, habitacional, administrativa, etc. que son cada vez más habituales en nuestras sociedades, y que nos hablan de recuperar un sentido integral de la humanidad, de la condición de persona, de ciudadano. Así pues, con el concepto de exclusión social se quiere abarcar y recoger aspectos de desigualdad propios de la esfera económica, pero también de muchas otras que pueden ser tan o más importantes que ésta en la determinación de los procesos de exclusión.

Por tanto, la situación de inclusión o exclusión social viene determinada por factores de naturaleza no exclusivamente económica. Por ello, aunque aumente la riqueza de un territorio, la situación de exclusión puede no evolucionar en el mismo sentido si no va acompañada de avances en otros ámbitos.

De hecho, el aumento de la riqueza va frecuentemente acompañado de un incremento de las desigualdades sociales, como ha sucedido en Europa, ya que las acciones puestas en marcha o emprendidas en los últimos años en Europa en general, y en España en particular, no han sido del todos satisfactorias para lograr detener el incremento de las fracturas de la ciudadanía, ya sea por la relativa escasez de medios empleada, o por la falta de integridad de esas políticas para abordar los fenómenos a los que se enfrentaban. En parte, creo que esto ha sido así debido a la dificultad de las políticas de bienestar más tradicionales o clásicas para tratar de dar respuesta a fenómenos de nuevo corte. Un ejemplo de esto son las pensiones no contributivas vinculadas, o el seguro obligatorio de vejez, que la mayoría de las veces no alcanza ni siquiera los límites considerados en la definición del umbral de pobreza.

Cabe destacar un factor que ha hecho que aumente la exclusión social en España. Me refiero a la crisis, pues los que la padecen son privados de la vida social. En primer lugar, de la participación de la vida económica. Salir del mercado laboral, ser privado de un puesto de trabajo que asegure un nivel digno de ingresos, lo que trae aparejado la disminución del consumo incluso de bienes y servicios que son fundamentales para la vida diaria.

El candidato a la marginación, es a menudo un desahuciado no sólo de una vivienda digna, sino también del uso de los sistemas de protección social como son los propios Servicios Sociales, o el acceso al sistema sanitario o educativo en condiciones de igualdad.

Aparecen muchos conflictos familiares motivados por la desesperación y la falta de perspectivas, el aislamiento social y múltiples problemas sociales de acuerdo con la edad, la clase social y la riqueza o pobreza de la red de apoyo social que puede tener cada cual.

La administración pública ofrece políticas para paliar estas situaciones (antes he mencionado algunas ellas), pero creo que la cobertura social que se ofrece desde esta administración no es suficiente, en muchos casos, para evitar las situaciones de pobreza económica.

Como consecuencia de las políticas de austeridad, todos los sistemas de protección social están siendo recortados, agredidos, disminuidos, descapitalizados, cuando no simplemente entregados a los mecanismos del mercado mediante la privatización. Y la consecuencia directa de esto, es que la ciudadanía cada vez se ve más vulnerable y más desprotegida por las distintas administraciones públicas.

Teniendo presente todo lo que he dicho a lo largo de la reflexión, considero que cuando se debate políticamente sobre el reparto de competencias, hay que reivindicar el municipalismo y recordar que es el Ayuntamiento la institución más cercana al ciudadano, y por tanto hay que garantizar el incremento del protagonismo de los municipios en este ámbito, ya que en estos tiempos de crisis, es fundamental la existencia de un potente sistema de Servicios Sociales que siga siendo accesible para todas las personas que son, todas ellas, ciudadanos con derechos sociales.

Por tanto, creo que habría que posibilitar que los Ayuntamientos dispongan de una vez de los recursos necesarios para responder a las expectativas de los ciudadanos, especialmente de todos aquellos que ahora sienten en carne propia el riesgo de la exclusión social.

Además, no creo que sea momento de más recortes y más austeridad. Son muchas las familias que ya están sufriendo dicha austeridad en su vida cotidiana y de manera muy grave. Son estas familias las que están soportando en gran medida, con sus mecanismos internos de apoyo mutuo, el impacto de esta situación sobre sus miembros. Los poderes públicos no puede eludir esta situación. Es el momento de que las responsabilidades y competencias estén claras, de que la financiación sea la adecuada y de posibilitar unos Servicios Sociales capaces de responder a las nuevas necesidades sociales haciendo real el ejercicio de los Derechos de los ciudadanos con los programas de actuación y las prestaciones que resulten más adecuadas en el momento presente.

Todos los ciudadanos deberíamos luchar por una sociedad articulada, solidaria, capaz de crear concordancias entre lo público y lo privado lucrativo o no lucrativo. No se pueden desperdiciar recursos disponibles cuando se trata de resolver problemas tan concretos y perentorios como la insuficiencia alimentaria, el disfrute de una vida digna, la adecuada atención en las situaciones de enfermedad o discapacidad y por supuesto el acceso al empleo. 

¿EUROPA: UN MODELO SOCIAL EN QUIEBRA?

Personalmente, no sabría decir si el modelo social de Europa está en quiebra o no, porque creo que la respuesta depende de la perspectiva desde la que intentemos resolver la pregunta.

Si para contestar esta cuestión, nos centramos en comparar cómo está ahora Europa y cómo estaba antes, la respuesta es que sí. Los motivos para decir que sí son fáciles, hace unos años (antes de que estallara la crisis económica) el Estado daba muchas ayudas y subvenciones, y muchos de los europeos se dedicaron a vivir por encima de sus posibilidades, sin pensar que esto podría traer consecuencias.

Pero desde que apareció la crisis económica en la que actualmente estamos sumergidos los europeos, los gobiernos se han dedicado a recortar y a subir los impuestos, por lo que las ayudas han disminuido mucho, y el nivel de vida ha bajado también. Todo esto sin tener en cuenta el aumento del paro y la precaria situación económica de muchas familias que han quedado en la calle y sin trabajo por los recortes.

Desde esta perspectiva, el modelo social de Europa sí está en quiebra, y seguirá estándolo mientras los gobiernos no tomen otro tipo de medidas que sean más efectivas, porque hoy por hoy, todavía quedan potencias europeas (Alemania, Francia y Reino Unido) que podrían ayudar a rescatar a algunos de los países más afectados, pero allí las diferencias entre los más pobres y los más ricos son cada vez mayores, y si la situación del resto de Europa sigue empeorando, estas potencias entrarán también en crisis, y la solución será mucho más difícil.

Pero se puede ver también desde otra perspectiva, comparando Europa con países de América Latina, América del Sur o África, por ejemplo.

En Europa la clase dominante que mantiene la sociedad es la clase media. Se trata de una clase media fuerte, que opta a placeres y al bienestar en general, y es una clase contenta y satisfecha.

En realidad, en Europa no tenemos pobreza como tal. En Europa todos nuestros servicios sociales (educación, sanidad, carreteras, infraestructuras,…) están al alcance de todos nuestros ciudadanos, y todos pagamos por ellos con nuestros impuestos. Pero por ejemplo, en América Latina, la sanidad se paga cuando tienes que ir al médico, y su valor es tan alto que no todos los ciudadanos pueden pagarlo. Además, se ce gente pidiendo en todos los rincones de la ciudad, hay una alto porcentaje de población analfabeta, los desempleados no cobran paro ni prestación por desempleo, el Estado casi no da subvenciones, etc.

Desde esta perspectiva reconozco que, aunque en Europa estemos peor que hace unos años, todavía estamos muy lejos de la pobreza. De hecho, los países del norte de Europa apenas están sufriendo la crisis.

No sé si el modelo social de Europa estará o no en crisis, lo que sí sé es que si los gobiernos no toman otro tipo de medidas con las que los más afectados no sean los más pobres y las cuáles sirvan realmente para solucionar la pésima situación por la que está pasando la mayor parte de Europa, la crisis va a ir cada vez a más, y el rescate va a ser mucho más difícil.