EXCLUSIÓN SOCIAL

Actualmente, son muchos los que relacionan el estar en una situación de exclusión social con la falta de recursos económicos, y aunque este sea uno de los motivos más comunes en la exclusión social, no siempre es el elemento determinante que ha generado o genera la desvinculación social.

Cuando comenzó a utilizarse en los años 70, en Francia, el término “exclusión social”, estaba asociado, sobre todo, al concepto de desempleo y a la inestabilidad de los vínculos sociales, pero las sociedades contemporáneas están sometidas a continuos cambios, y como consecuencia de esto, se han ido haciendo más complejas, menos ordenadas y estructuradas socialmente.

Por eso, actualmente, la exclusión social no se puede explicar con arreglo a una única causa o factor, sino que se define por una acumulación de factores o déficits que se interrelacionan y retroalimentan entre sí.

El concepto actual de “exclusión social” hace referencia a los siguientes ámbitos:

-          Ámbito económico

-          Ámbito laboral

-          Ámbito formativo

-          Ámbito sociosanitario

-          Ámbito residencial

-          Ámbito relacional

-          Ámbito de la ciudadanía y la participación.

Teniendo esto en cuenta, se puede definir la exclusión social como una situación concreta fruto de un proceso dinámico de acumulación, superposición y/o combinación de diversos factores de desventaja o vulnerabilidad social que pueden afectar a personas o grupos, generando una situación de imposibilidad o dificultad intensa de acceder a los mecanismos de desarrollo personal, de inserción sociocomunitaria y a los sistemas preestablecidos de protección social.

Es decir, hay personas que viven en unas condiciones de vida materiales y psíquicas que les impiden sentirse y desarrollarse plenamente como seres humanos. La exclusión hace difícil sentirse ciudadano en su proyección concreta en cada contexto social, sentirse formando parte de la sociedad de referencia.

En la sociedad actual, de alguna forma, para determinados segmentos de la clase trabajadora, es más fácil, ahora que antes, escalar en la pirámide de posiciones sociales, o cambiar en pocos años situaciones de carencia o falta de recursos económicos que se habían prolongado por generaciones.

Pero también es cierto lo contrario, es decir, personas o grupos sociales que tradicionalmente habían gozado de buenas condiciones de vida, o que por estudios y puesto de trabajo se sentían muy seguros en su posición, vean ahora las sensaciones de incertidumbre, de vulnerabilidad, o entren en situaciones de exclusión y falta de recursos para sobrevivir dignamente. A su vez, esas nuevas incertidumbres y dinámicas de exclusión se abren todavía más en relación al alargamiento de los ciclos vitales, y las situaciones de dependencia que se generan en edades avanzadas. Asimismo, también surgen de los grandes movimientos migratorios que afectan a muchísimos países y que generan situaciones de precariedad en las condiciones de ciudadanía más allá de las concretas condiciones de formación o incluso de recursos económicos de que se disponga.

Como he mencionado anteriormente, no toda exclusión social deriva de la falta de recursos económicos, aunque siga siendo cierto que toda persona que sufra una situación de pobreza presenta muchas más posibilidades de caer en una espiral de desconexiones y déficits de ciudadanía que una persona cuya situación económica sea desahogada. En este sentido, el término exclusión social resulta útil para expresar un conjunto pluriforme de situaciones de carencia económica, relacional, habitacional, administrativa, etc. que son cada vez más habituales en nuestras sociedades, y que nos hablan de recuperar un sentido integral de la humanidad, de la condición de persona, de ciudadano. Así pues, con el concepto de exclusión social se quiere abarcar y recoger aspectos de desigualdad propios de la esfera económica, pero también de muchas otras que pueden ser tan o más importantes que ésta en la determinación de los procesos de exclusión.

Por tanto, la situación de inclusión o exclusión social viene determinada por factores de naturaleza no exclusivamente económica. Por ello, aunque aumente la riqueza de un territorio, la situación de exclusión puede no evolucionar en el mismo sentido si no va acompañada de avances en otros ámbitos.

De hecho, el aumento de la riqueza va frecuentemente acompañado de un incremento de las desigualdades sociales, como ha sucedido en Europa, ya que las acciones puestas en marcha o emprendidas en los últimos años en Europa en general, y en España en particular, no han sido del todos satisfactorias para lograr detener el incremento de las fracturas de la ciudadanía, ya sea por la relativa escasez de medios empleada, o por la falta de integridad de esas políticas para abordar los fenómenos a los que se enfrentaban. En parte, creo que esto ha sido así debido a la dificultad de las políticas de bienestar más tradicionales o clásicas para tratar de dar respuesta a fenómenos de nuevo corte. Un ejemplo de esto son las pensiones no contributivas vinculadas, o el seguro obligatorio de vejez, que la mayoría de las veces no alcanza ni siquiera los límites considerados en la definición del umbral de pobreza.

Cabe destacar un factor que ha hecho que aumente la exclusión social en España. Me refiero a la crisis, pues los que la padecen son privados de la vida social. En primer lugar, de la participación de la vida económica. Salir del mercado laboral, ser privado de un puesto de trabajo que asegure un nivel digno de ingresos, lo que trae aparejado la disminución del consumo incluso de bienes y servicios que son fundamentales para la vida diaria.

El candidato a la marginación, es a menudo un desahuciado no sólo de una vivienda digna, sino también del uso de los sistemas de protección social como son los propios Servicios Sociales, o el acceso al sistema sanitario o educativo en condiciones de igualdad.

Aparecen muchos conflictos familiares motivados por la desesperación y la falta de perspectivas, el aislamiento social y múltiples problemas sociales de acuerdo con la edad, la clase social y la riqueza o pobreza de la red de apoyo social que puede tener cada cual.

La administración pública ofrece políticas para paliar estas situaciones (antes he mencionado algunas ellas), pero creo que la cobertura social que se ofrece desde esta administración no es suficiente, en muchos casos, para evitar las situaciones de pobreza económica.

Como consecuencia de las políticas de austeridad, todos los sistemas de protección social están siendo recortados, agredidos, disminuidos, descapitalizados, cuando no simplemente entregados a los mecanismos del mercado mediante la privatización. Y la consecuencia directa de esto, es que la ciudadanía cada vez se ve más vulnerable y más desprotegida por las distintas administraciones públicas.

Teniendo presente todo lo que he dicho a lo largo de la reflexión, considero que cuando se debate políticamente sobre el reparto de competencias, hay que reivindicar el municipalismo y recordar que es el Ayuntamiento la institución más cercana al ciudadano, y por tanto hay que garantizar el incremento del protagonismo de los municipios en este ámbito, ya que en estos tiempos de crisis, es fundamental la existencia de un potente sistema de Servicios Sociales que siga siendo accesible para todas las personas que son, todas ellas, ciudadanos con derechos sociales.

Por tanto, creo que habría que posibilitar que los Ayuntamientos dispongan de una vez de los recursos necesarios para responder a las expectativas de los ciudadanos, especialmente de todos aquellos que ahora sienten en carne propia el riesgo de la exclusión social.

Además, no creo que sea momento de más recortes y más austeridad. Son muchas las familias que ya están sufriendo dicha austeridad en su vida cotidiana y de manera muy grave. Son estas familias las que están soportando en gran medida, con sus mecanismos internos de apoyo mutuo, el impacto de esta situación sobre sus miembros. Los poderes públicos no puede eludir esta situación. Es el momento de que las responsabilidades y competencias estén claras, de que la financiación sea la adecuada y de posibilitar unos Servicios Sociales capaces de responder a las nuevas necesidades sociales haciendo real el ejercicio de los Derechos de los ciudadanos con los programas de actuación y las prestaciones que resulten más adecuadas en el momento presente.

Todos los ciudadanos deberíamos luchar por una sociedad articulada, solidaria, capaz de crear concordancias entre lo público y lo privado lucrativo o no lucrativo. No se pueden desperdiciar recursos disponibles cuando se trata de resolver problemas tan concretos y perentorios como la insuficiencia alimentaria, el disfrute de una vida digna, la adecuada atención en las situaciones de enfermedad o discapacidad y por supuesto el acceso al empleo.